Nos enfrentamos a una situación muy insólita. El informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal (EPU) del Estado Plurinacional de Bolivia, que hoy deberíamos discutir, recoge una interesante reseña de los avances conseguidos en materia de derechos humanos bajo el gobierno del Presidente Evo Morales. Sin embargo, todos los que impulsaron las políticas que hicieron posibles estos avances, hoy en día están siendo brutalmente reprimidos, perseguidos y hostigados.
El mismo Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Enrique Arce Zaconeta, quien encabezó la delegación del Estado boliviano en Ginebra durante el EPU, a su regreso a Bolivia tuvo que buscar protección diplomática para salvar su vida frente a la ola de odio y violencia que se desencadenó en el país tras el golpe de estado del pasado 10 de noviembre. Junto a otros 6 altos cargos del gobierno, se encuentra asilado en la Embajada de México desde hace más de 4 meses, porque las autoridades de facto se niegan a otorgarles los salvoconductos para que puedan trasladarse hacia un lugar seguro.
Muchos otros funcionarios públicos han sido arbitrariamente detenidos después del golpe y se han presentado cargos de sedición y terrorismo contra varios lideres del MAS, incluido el mismo Evo Morales. Un total aproximativo de 80 dirigentes políticos han obtenido asilo político y estatus de refugiados en terceros países debido a la severa persecución política en su contra.
En vista de las elecciones generales programadas por el próximo mes de mayo, nos preocupa profundamente el rol nefasto que jugó la OEA en los eventos que llevaron a la ruptura del orden constitucional en Bolivia. Como también demuestra un exhaustivo informe recién publicado por el prestigioso centro de estudios norteamericano, CEPR, la OEA contribuyó de forma decisiva a difundir la narrativa de fraude electoral que desencadenó el golpe sin todavía tener evidencia alguna de que un fraude efectivamente hubiese ocurrido.[1]
Es urgente que la OEA sea llamada a rendir cuentas de su conducta poco ética incluso porqué, como subrayan los investigadores del CEPR, no es la primera vez que una misión de observación electoral de esta institución, actuando de forma parcial y poco profesional, contribuye a socavar las instituciones democráticas del país anfitrión.
En vista de las elecciones generales programadas para el 3 de mayo 2020, urgimos las ‘autoridades de facto’ a
- poner fin de inmediato a toda forma de persecución y represión contra sus adversarios políticos, en particular contra representantes y simpatizantes del MAS; y a
- garantizar la participación en las elecciones de todos actores políticos, empezando por Evo Morales y Diego Pary, emblemáticos lideres indígenas cuyas candidaturas a la Asamblea Plurinacional han sido injusta y arbitrariamente inhabilitadas.
Llamamos a todos los estados miembros de la ONU, y a todos los mecanismos y procedimientos especiales de derechos humanos a monitorear el desarrollo de las elecciones del 3 de mayo, velando a que sean libres y transparentes.
Llamamos al pueblo boliviano a resistir a la embestida reaccionaria en curso en el país y a seguir construyendo una sociedad más justa e incluyente, sin odio ni racismo.
12 de marzo de 2020
[1] Jake Johnston, David Rosnik “Observando a los observadores: La OEA y las elecciones bolivianas de 2019”, CEPR. https://cepr.net/report/observando-a-los-observadores-la-oea-y-las-elecciones-bolivianas-de-2019/. (For the English version of the report, see: https://www.cepr.net/report/observing-the-observers-the-oas-in-the-2019-bolivian-elections/).