El pasado 23 de enero de 2019 el señor Juan Gerardo Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional en desacato, se autoproclamó y autojuramentó “Presidente Interino” de la República Bolivariana de Venezuela en el contexto de una manifestación pública, sin haber participado en ninguna elección presidencial y sin base legal alguna para ello. Se trató de un acto antidemocrático, que viola los principios más fundamentales de un Estado de Derecho, contraviene la Constitución y, fundamentalmente, vulnera la decisión soberana del pueblo venezolano que el pasado 20 de mayo de 2018 expresó su voluntad en las urnas en un proceso electoral transparente y competitivo, donde 9.389.056 personas ejercieron democráticamente su derecho al sufragio y el Presidente Nicolás Maduro Moros obtuvo la victoria con un amplio margen, alcanzando 6.248.864 de votos válidos, lo que representó el 67,84% del total de participantes.
A partir de esa fecha un grupo de Estados liderados por Estados Unidos de América reconoció arbitraria e ilegalmente como “presidente interino” al señor Guaidó, como también la írrita designación de supuestos embajadores y diplomáticos ante esos Estados, realizados en franca violación del Derecho Internacional Público, la Carta de la Organización de Naciones Unidas y los tratados internacionales que regulan la materia. Pero tal vez lo más grave, es que un grupo de Estados violando abierta y públicamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, procedieron a desalojar de las sedes diplomáticas de la República Bolivariana de Venezuela en el exterior, a los funcionarios legalmente designados por el presidente Nicolás Maduro como embajadores y cónsules.
Desde enero de 2019 el señor Guaido ha realizado llamamientos públicos y dirigido comunicaciones al Gobierno de Estados Unidos, solicitando por un lado la “intervención humanitaria” al país, pero también una intervención militar a fin de derrocar al presidente constitucionalmente electo por la mayoría de los venezolanos.
En el marco de estos sucesos, el pasado martes 30 de abril de 2019 se ejecutó en la República Bolivariana de Venezuela un Golpe de Estado contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, quien fue electo democráticamente por el Pueblo venezolano el 18 de mayo de 2018, de acuerdo a las normas constitucionales y legales que regulan los procesos electorales en ese país.
En esa fecha, el señor Juan Guaido junto con los señores Leopoldo López y Edgar Zambrano, también diputado a la Asamblea Nacional, aparecieron públicamente en los medios de comunicación social dirigiendo a un grupo importante de militares con armas de guerra ordenando la cesación de las funciones del Presidente Nicolás Maduro Moros y su sustitución por el señor Guaido. Así mismo, realizaron llamados a la sociedad venezolana para que saliera a manifestar y a apoyar sus acciones. Todos estos eventos ocurrieron en una zona aledaña a una base militar ubicada en la ciudad capital de Caracas y fueron difundidos a través de agencias de medios de comunicación social privadas y públicas, tanto dentro como fuera de Venezuela.
Un hecho de gran relevancia es que el Golpe de Estado en Venezuela fue apoyado inmediatamente por altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos de América a través de los medios de comunicación y redes sociales. Lo que se sumó a las continuas amenazas militares que han venido realizando desde el 18 de marzo de 2015, cuando el presidente Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva declarando a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria contra la Seguridad Nacional” de EE.UU.
Afortunadamente, la gran mayoría de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo venezolano rechazaron el Golpe de Estado y se negaron a participar en las convocatorias realizadas por los señores Juan Guaido, Edgar Zambrano y Leopoldo López. Por lo que la jornada culminó en una manifestación pública focalizada en una pequeña zona de la ciudad de Caracas, con sucesos de violencia focalizados. A pesar de ello, cinco personas murieron, incluyendo dos adolescentes que participaban en los sucesos y dos militares que participaban en la contención de los actos de violencia política.
Sin embargo, las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela no han cesado. Recientemente, el señor Juan Guaido informó que su representante y supuesto embajador ante EE.UU., el señor Carlos Vecchio, ha confirmado que sostendrá una reunión durante el mes de mayo con el Jefe del Comando Sur, para abordar temas de cooperación e intervención militar para imponer por la fuerza el derrocamiento del Presidente Nicolás Maduro, intentado lograr lo que les fue imposible a través del golpe militar.
Ante estos hechos, la Asociación Internacional de Juristas Demócratas:
- Expresa nuestro más profundo rechazo al Golpe de Estado del 30 de abril así como a cualquier otra tentativa de derrocar por la fuerza el gobierno del Presidente Nicolás Maduro Moros, quien fue legítima y legamente electo para el período constitucional de 2019 al 2025, por constituir una gravísima violación a la democracia y los derechos humanos.
- Exige que los responsables de estos hechos sean juzgados y se establezcan las responsabilidades políticas, civiles, disciplinarias y penales a que hubiere lugar.
- Exhorta a los Estados a no reconocer como “presidente interino” al señor Juan Guaido, por no hacer sido electo por el pueblo de Venezuela para ejercer dicho cargo, ni existir fundamento jurídico alguno que justifique su “autoproclamación” y “autoinvestidura” para ejercerlo. En este sentido, exhorta a no reconocer a las personas que este designe como representantes diplomáticos pues ello contraviene la Convención de Viena que regula la materia.
- Demanda cesar inmediatamente los actos de violencia y vulneración del derecho internacional a los Estados que se han apropiados arbitraria e ilegalmente de las sedes diplomáticas de las embajadas de Venezuela.
- Hacemos un llamado expreso al gobierno de EEUU a detener amenazas uso de la fuerza y le pedimos a la comunidad internacional tome las medidas necesarias para poner fin a las continua violaciones del derecho internacional y en particular de la normas básicas de coexistencia pacificas entre estados por parte de estados unidos, que con su actitud belicosa ponen en riesgo la paz no sólo de Venezuela sino de toda la región.
- Urge a la comunidad internacional a respetar los derechos del pueblo venezolano a la libre determinación y a la no injerencia en sus asuntos internos y, muy especialmente, a cesar las amenazas militares en su contra y la aplicación de cualesquiera medidas coercitivas unilaterales.
- Solicitamos al gobierno de Estados Unidos de América el levantamiento inmediato de las medidas coercitivas unilaterales contra el Estado venezolano, que han ocasionado un bloqueo económico, financiero y comercial inmoral, injusto e ilegal, que ha causado sufrimiento y serias afectaciones en los derechos humanos, especialmente a la vida, salud y alimentación de las poblaciones más vulnerables.
Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD)
American Association of Jurists (AAJ)
Confederation of Lawyers of Asia and the Pacific (COLAP)
Giuristi Democratici – Italia (GD)
Democratic Lawyers Association Pakistan
Associação Portuguesa de Juristas Democratas (APJD)
National Association of Democratic Lawyers – South Africa (NADEL)
Droit Solidarité – France
Union Nacional de Juristas de Cuba (UNJC)
Asociación Venezolana de Juristas
Foto: Joe Catron/Flickr