La Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) expresa su más profunda preocupación por la falta de debate que hubo el lunes entorno al informe del Experto Independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo acerca de su visita a la República Bolivariana de Venezuela.

Varios estados miembros de este Consejo se proclaman muy preocupados por lo que ocurre en Venezuela, entonces ¿porqué ignorar las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe del primer Relator de las Naciones Unidas que visita el país en 21 años?

Tal vez esto ocurra porque sus observaciones resultan poco funcionales para quienes quieren demonizar las políticas del gobierno venezolano. De hecho Alfred De Zayas, en una muestra más de la independencia y del coraje que caracterizaron su labor a lo largo de todo su mandato, y a pesar de las presiones y intimidaciones recibidas para que “denunciara y desacreditara” de acuerdo a un patrón predefinido, evaluó la situación en el terreno de buena fe y en estricto cumplimiento del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales.

En su informe el experto subraya “la erradicación del analfabetismo, la educación gratuita desde el nivel de enseñanza primaria hasta la universidad, y los programas destinados a reducir la pobreza extrema, proporcionar vivienda a las personas sin hogar y vulnerables, eliminar gradualmente los privilegios y la discriminación, y extender la atención médica a todos”, así como otros importantes logros en materia de promoción y protección de los derechos humanos.

El experto afirma también otras incomodas verdades como, por ejemplo, que en Venezuela no hay crisis humanitaria sino una guerra económica producto esencialmente de las medidas coercitivas unilaterales y otras practicas ilegales como “el sabotaje, el acaparamiento, las actividades del mercado negro, la inflación inducida y el contrabando de alimentos y medicinas”. Medidas, cuyos efectos letales el experto sugiere investigar incluso ante la Corte Penal Internacional.

Como bien destaca De Zayas, Venezuela es hoy víctima de una guerra no convencional parecida a las que se libraron contra Cuba, Nicaragua o el Chile de Salvador Allende con el fin de hacer fracasar sus economías, facilitar el cambio de régimen e imponer un modelo socioeconómico neoliberal. Para desacreditar a los países que eligen un modelo económico alternativo, a menudo los derechos humanos son instrumentalizados como arma de demonización para que un derrocamiento violento luzca mas aceptable. Estas políticas injerencista y subversivas son totalmente ilegales y no deben ser apoyadas bajo ninguna circunstancia.

Tal y como subrayó el Experto, la solución de la “crisis” venezolana se encuentra en negociaciones de buena fe entre el gobierno y la oposición, el fin de la guerra económica y el levantamiento de las sanciones. Lamentablemente algunos países no quieren una solución pacifica. Prefieren asfixiar a las instituciones públicas venezolanas y exasperar al pueblo, generando deterioro en la economía y emigración para crear las condiciones que sirvan de pretexto para una intervención extranjera en el país.

La AIJD urge a los estados miembros de este Consejo a no dejarse llevar por esta lógica perversa, a resistir a las presiones y a velar por la aplicación del derecho internacional y por lo tanto a seguir cooperando con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en aquel espíritu de dialogo genuino que tiene que caracterizar las relaciones entre estados en el siglo XXI.

14 de septiembre de 2018

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